por Dr. Gerardo Meza C. | Ago 28, 2020 | blog
Es urgente liberar al Estado del estigma de la corrupción que, gobierno tras gobierno, esta matando gradualmente al Paraguay que queremos. Es necesario detener el estigma de corrupción que se apodero del Estado.
la corrupción esta matando lentamente al Paraguay. Independientemente de si en su momento los gobiernos anteriores, eran responsables, muchos escándalos de los gobiernos anteriores hizo que sus gobiernos fueran insostenibles. Este gobierno ya no tienen espacio para que siga esta corrupción.
La destitución primeramente del presidente de la Dinac, de Petropar, de la Ande, del Puerto entre otros, del anterior gobierno , según lo determinado por la presión del pueblo, es el resultado predecible para un gobierno que ha estado luchando durante meses en un mar de acusaciones de corrupción.
La Contraloría General, Fiscalía General investigan fraude en contratos de emergencia, realizados sin licitación, del anterior gobierno para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado miles de muertos en el país. los fondos públicos fueron saqueados por una organización criminal instalada dentro del propio gobierno anterior.
matando gradualmente al Paraguay. La casa comenzó a caer en casi todas las instituciones publicas , cuando la Operación del Caos consecuencia de la corrupción.
luego, los hecho demuestran, que fueron despedidos ministros, presidente de entes y directores de licitación de compras, ya sea de medicamentos del MSP. mascarillas en la Dinac, Petropar, entre otros. Estos funcionarios públicos están acusados de desviar recursos de los contratos de emergencia para comprar mascarillas, respiradores, entre otros. .
clan ferreira. El propio Mazzoleni fue blanco de la Operación del clan Ferreira, que llevó a cabo órdenes de registro e incautación, autorizadas por la fiscalía, en el aeropuerto Internacional. En ese momento, Mazzoleni dijo que fue víctima de persecución política. Para la Fiscalía General, existe evidencia que coloca a los ex directores administrativos y de licitación del MSP “en la cúspide de la pirámide” de una estafa, conjuntamente con los empresarios del clan Ferreira.
Aunque la
participación personal del Ministro de Salud aún necesita pruebas más sólidas,
el escándalo de salud ha hecho que el gobierno sea insostenible. El junio, la Fiscalía
aprobó la apertura de un proceso de acusación contra estos funcionarios públicos
y del clan Ferreira por irregularidad administrativa. irregularidades en la
formación de la comisión. La decisión solo sirvió para posponer un resultado a
esta altura inexorable.
gobierno tras gobierno. Independientemente de si Mazzoleni era responsable del plan o no, su gobierno se convirtió en un foco de fechorías. Los contratos sanitarios están bajo investigación por sospecha de fraude, incluido el firmado para la construcción de hospitales de campaña que ni siquiera se han creado. A fines de junio, el entonces de aquel entonces el secretario de Salud, dijo que el pozo era más profundo de lo que pensaba. «No voy a ensuciar mi CPF», dijo.
matando gradualmente. Varios presidentes de entidades ya fueron procesados, un estado que parece estar atrapado en una interminable red de corrupción.
Particularmente significativos han resultado los escandalosos casos de corrupción detectados en plena cuarentena, sobre todo en torno a una millonaria compra de insumos y equipos médicos que el Ministerio de Salud adjudicó en forma directa a las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, en el marco de la Ley de Emergencia, para equipar a los desguarnecidos hospitales y al personal de blanco que lucha contra la pandemia, pero los equipos no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
Un informe en su momento de la Contraloría indicó que Salud incurrió en “irregularidades en todo el proceso de compras” y otro informe de la Comisión Giuzzio confirmó que se había montado un esquema delictivo para compras fraudulentas con dinero del Estado. A pesar de las visibles evidencias, el ministro de Salud, de aquel entonces Julio Mazzoleni, trató de minimizar lo ocurrido y de encubrir a los funcionarios involucrados. La Fiscalía y la Justicia no avanzaron en las investigaciones y los empresarios acusados acabaron beneficiados con medidas alternativas a la prisión. La destitución de sus ex directores administrativos es importante para que los hechos sean investigados con imparcialidad y rigor. Que hasta ahora estos ex-funcionarios no fueron castigados por nuestra justicia. Con esta política se esta institucionalizando en el pais la impunidad.
Otros casos claves, del anterior gobierno como el acuerdo secreto para entregar millonarios fondos de Petropar a una empresa argentina, que causó la renuncia del procurador general de la República, acusados por tráfico de influencia, dejaron la frustrante e indignante sensación de que el Paraguay sigue siendo el reino de la corrupción y la injusticia.
Sus reemplazó de estos funcionarios tendrá mucho que hacer. (Si así lo fuera, sacarle al Ministro de Salud, y a presidente de otras entidades publicas, en su momento ). El nuevo Fiscal General del Estado, tendrá que accionar, y hacerse cargo de la lucha contra la corrupción, la sangrienta disputa entre facciones narcotraficantes y del nuevo Ministro de Hacienda tocar la intrincada renovación del Régimen de Recuperación Fiscal.
Para hacer todo esto, es urgente liberar al Estado del estigma de la corrupción que, gobierno tras gobierno, está matando gradualmente al Paraguay que queremos y no lo que tenemos.
por Dr. Gerardo Meza C. | Ago 12, 2020 | blog
La urgencia de reformar el Estado: Este modelo de Estado que no deja a nadie satisfecho y esta rompiendo el país, agotando los recursos que deberían destinar a la educación, salud, seguridad y, a la prestación de mejores servicios públicos,. Que necesitan precisamente lo mas pobres………..
La urgencia
de la reforma administrativa
La pandemia
expuso el carácter perverso de un estado transformado en máquina para generar
gastos rígidos y desigualdad
El nuevo
coronavirus ha expuesto sin piedad los males de los países a los que se
propaga. A veces hay deficiencias en el sistema de salud, a veces en las
condiciones de la vivienda.
ley de responsabilidad fiscal. Ahora nacionalismo estrecho, ahora falta de espíritu colectivo y ciudadanía. Aquí ignorancia, allí oscurantismo. En Paraguay , además de todo esto, la pandemia dejó al descubierto la naturaleza perversa de nuestro estado, una máquina generadora de “gastos rígidos y de desigualdades” que brinda servicios precarios a quienes más lo necesitan.
gastos rígidos. Para constatar este hecho, basta con examinar qué sucedió con los salarios de las mismas ocupaciones en el ámbito público y privado. Según los últimos datos disponibles para varios sectores, analizados por el economista, los empleados del sector privado recibieron un 20% menos en junio de lo que ganaban antes de la pandemia (y trabajaron un 25% menos de horas). Para los servidores públicos, la reducción salarial fue solo del 1 % y en algunos casos del 10% y 20% (De lo que ganan más de G 10 y G 20 millones) la carga de trabajo, un 70% menos.
La pandemia
también puso de manifiesto nuestra atávica incapacidad para afrontar estos
problemas con madurez. En un
país sin capacidad de inversión, donde faltan infraestructura, energía,
saneamiento y transporte; seguridad, salud y educación de calidad, el debate
fue capturado por una especie de ira santa contra los mecanismos que garantizan
el equilibrio fiscal.
ley de responsabilidad fiscal. Se rompió la “regla de oro”, disposición de la ley que impide al gobierno contraer deudas para pagar gastos corrientes. La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) se convirtió en letra muerta, no cumplida por la administración central estados bajo la aprobación del congreso nacional, por la Ley de Emergencia Sanitaria, que derogó las dos disposiciones que permitirían reducir los gastos de personal. Una campaña reúne a políticos, economistas y oportunistas de todo tipo a favor de relajar el techo de gasto.
La reforma del Estado – administrativa, que
aportaría un mínimo de racionalidad al servicio público, se pospuso una vez
más. Los gobernantes de turno ni siquiera quiere saberlo. En cambio, romper el techo se ha
convertido en la obsesión de quienes buscan una salida conveniente a la falta
de recursos para invertir. Es una narrativa tan seductora como estúpida. La
mayor causa de la escasez no es el techo, sino el crecimiento desenfrenado e
ineludible del gasto obligatorio, que en diez años saltó del 60 % al 100 % del
Presupuesto. Si la ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) contuvo la explosión de
los gastos rígidos y el aumento de los gastos de la administración pública
permanece intacto. Con
techo y todo, el gasto estatal ha seguido creciendo y totalizó el 30 % del PIB
en julio del 2020. De cada dos guaraníes producidos el año pasado, más del 30%
se lo tragó la máquina del Estado.
En tres
décadas, los funcionarios paraguayos han pasado de más o menos 120.000 a
310.000. Estos gastos rígidos llevan de cada G100 de ingresos fiscales a casi G
98 de gastos rígidos. Son la friolera suma de más o menos US$ 7.000 millones.
De las tres esferas de poder,
la administración central es aquella donde más aumentan los gastos. Entre 2008
y 2020, mientras que los empleados del P.E.
crecieron en más del 100 %, el gasto en ellos aumentó un 300 %. En 2019,
Paraguay gastó US$ 6.000 mil millones, (En gastos rígidos) o 30 ,7% del PIB, en
el pago de sus empleados. En una lista de 80 países con datos de 2018, fuimos
los octavos más gastados. (Hay transcendido de que dentro de estos 310.000 funcionarios
públicos, existen mas de 20.000 fantasmas, que cada año figuran en el
Presupuesto nacional, que cobrar los gobernantes de turno).
Gastamos más
en servidores públicos que Chile (7,9%), Perú.
(6,6%) o
Colombia (6,4%). Más que Francia (15,1%), Portugal (10,3%) o Alemania (9,5%).
Gastamos más del doble de lo que invertimos en educación y tres veces y media
de lo que gastamos en salud. En un país donde más seis millones viven sin
alcantarillado y mas de 5 millones
carecen de agua potable, solo los empleados públicos consumen 60 veces los recursos invertidos en saneamiento.
mejores servicios públicos. Las distorsiones no se detienen ahí. El salario medio del sector público (G 7.500.000) fue, en2019, un 250% superior al del sector privado (G 2.200.000. Un estudio del Banco Mundial estimó que, si las 30 ocupaciones más comunes de los funcionarios públicos recibieran una remuneración equivalente a la del sector privado, habría un ahorro mensual en millones de guaraníes. (Solamente los 20.000 fantasma de funcionarios públicos. Se puede ahorrar uno US$ 2.000 millones, y no hablemos de la corrupción).
En el
servicio público , el salario promedio para quienes ingresan a un trabajo de
nivel superior es casi cinco veces mayor que el de quienes reciben trabajos que
requieren la misma
competencia en el sector privado. No en vano nos convertimos en el país de los
no concursos. Dos tercios de los empleados públicos se encuentran entre el 10%
con mayores ingresos (en 2019, el salario promedio fue de ( G 20. Millones)
El problema
se agrava por el lío de los tres dígitos planes de carrera diferentes, con 300
tipos de salario para más de 22 mil empleos o funciones y 70 mil empleos con
bonificaciones. Los ascensos son automáticos, por antigüedad, no por mérito.
responsabilidad fiscal lrf. Las bonificaciones por rendimiento se otorgan a casi todo el mundo. Los despidos no existen. El Estado paraguayo aún emplea a operadores políticos, y llenan de planilleros y fantasmas el Presupuesto nacional. Todas estas distorsiones, y no solo los supersalarios llenos de picardía del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial o del Ministerio Público, contribuyen a la desigualdad.
Primero,
creando una élite que se aferra a los privilegios, incapaz de resistir el
atractivo corporativo. En segundo lugar, agotando los recursos que deberían
destinarse a la prestación
de mejores servicios públicos, que necesitan precisamente los más pobres. Los
mismos servidores menos privilegiados y más competentes se sienten devaluados.
En palabras de los especialistas, es un “modelo que no deja a nadie satisfecho
y está rompiendo el país”. Al exponer la desigualdad intrínseca a nuestro
sector público, la pandemia ha hecho que la reforma del Estado -administrativa
sea aún más urgente.
