En su momento los Sicarios Económicos llevaron a la quiebra la Caja Bancaria. Los sicarios económicos han construido por medio de la manipulación económica financiera el instrumento perfecto para cometer estafas, fraudes, etc. Estos terroristas económicos destruyeron sistemáticamente 23 bancos y 40 financieras. En su derrotero delictivo dejaron a miles de ahorristas defraudados. Estos Sicarios Económicos estuvieron encabezados por el Español Fermín de Alarcón, Pedro Beneyto, los Peirano, y demás sátrapas como otrora lo hicieran a principios del siglo XX los españoles apodados Pérez y Pillos y compañía.
La principal causa de deterioro de la situación financiera fue la jubilación de casi 700 ex empleados de los bancos en quiebra a muy temprana edad. Sin la suficiente cantidad de años de aporte se jubilaron una multitud; de 36 bancos quedaron solamente 11, (En ese entonces la ley de la Caja Bancaria, permitía que un ex empleado de un banco en quiebra, accediera automáticamente a la jubilación).
Antes el cierre colectivo de los bancos, la proporción del bancario activo por cada jubilado era del 4.7 a 1. Pero luego que los buitres financieros, tomaron por asalto el sistema financiero, la relación apenas supero el 1 a1; y esto ha contribuido al quiebre de la Caja Bancaria. (Esto no es resultado de la mala Administración como se quiere hacer entender).
Los problemas del sistema financiero, se aceleraron, con los Sicarios Económicos, utilizando sus influencias con los Poderes Políticos, para relajar el sistema financiero; a partir del año 1990, 1995,1998 y 2002/03.
Con esta metodología destruyeron sistemáticamente los empleos bancarios. El cierre de bancos significó que los ex empleados de estos dejaron de aportar a la caja bancaria y automáticamente se convirtieron en jubilados bancarios; hasta en eso el poder político apoyo a los sicarios económicos a mantener esa ley, para que no tengan problemas con sus empleados “los bancos en quiebra sin el suficiente aporte jubilatorio”.
Ni la caja bancaria ni sus administradores fueron culpables de la crisis financiera sino los sicarios económicos, con la manipulación, económica financiera en pos de la estafa. Utilizaron sus grandes influencias políticas para la liberación financiera de dinero fresco. Este inusual suceso hasta entonces desconocido provocó un gran crecimiento de la liquidez en el mercado interno. Los altos índices de inflación en la primera parte de los años noventa treparon a cifras siderales. Los decretos que cada primero de año regulaba la tasa de interés más comisiones conforme a las disposiciones del código penal desaparecieron para dar rienda suelta a la usura legal y despiadada. Las tarjetas de crédito se adueñaron del mercado usurario en connivencia con los sicarios económicos. En promedio, la inflación del periodo 1990 – 1995 fue más de 27 % anual.
Con esta metodología maquiavélica los sicarios económicos en 1995 hacen estallar la primera crisis financiera en el país, cuando quiebran veintenas de bancos y cuarentas financieras, llevando a muchos ahorristas estafados a la miseria e incluso a la muerte.
Mientras que el poder político con una rapidez inusual no se daba sosiego para utilizar los fondos públicos e ir en pronto socorro de los sicarios económicos, los bancos en quiebra a más de treintena de financieras y ahorristas en blanco y en negro,
Así el Congreso Nacional sanciona una LEY DE SALVATAJE, obligándole al Banco Central del Paraguay, a ´´socorrer´´ a más de treintenas de bancos y más de 40 financieras, y a un millar de ahorristas en blanco y negro.
La cantidad total desembolsada al amparo del gobierno de turno, y gracias a esta Ley de Salvataje, representó el saqueo aproximado más de mil millones de dólares de los fondos públicos, barbaridad: el dinero del pueblo paraguayo. Así perpetran un agujero colosal a las arcas de los fondos públicos, so pretexto del saneamiento financiero. (seguro estamos que la mayor cantidad de aquel dinero del pueblo está depositado en los paraísos fiscales)
En consecuencia: ¿A quién le correspondía de acuerdo a la Constitución Nacional salvar la situación económica y financiera de la caja bancaria, y sostener el sistema de seguridad social del país? : AL ESTADO PARAGUAYO, sin duda alguna.
Es así de sencillo pues ese Estado estuvo ausente en el momento en que debió salvar a la caja bancaria. Por su parte el Congreso de la Nación aprobó una Ley inconstitucional, obligando en forma compulsiva a reducir los haberes jubilatorios de hasta 58%. Los propios jubilados con sus reaportes salvaron de la quiebra total a la caja bancaria, aún a costa de su propia sobrevivencia. Así se dio una extraña e inhumana situación en que personas físicas, seres humanos, en plena época del declive inexorable de su existencia tuvieron que sacrificarse para que se salvara una persona jurídica; fue una ley inconstitucional la que obligo al sacrificio de los jubilados de ser ellos mismos los salvadores de la caja bancaria, la ley 2856/06.
A propósito de esta ley que está contra la naturaleza de las leyes de seguridad social, un centenar de jubilados interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ley, y todos los que presentaron ganaron la acción; pero los administradores de la caja con criterio jurídico resolvieron seguir descontando pese a la declaración de inconstitucional de tal norma, atendiendo a que el estado debía hacerse cargo de los descuentos compulsivos que fueron obligadas por la ley 2856/06, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia los reaportes de los jubilados.
Centenas de jubilados interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la cual está sustanciándose en este momento, más temprano que tarde, el estado paraguayo tendrá que responder por sus desprolijidades contra los Derechos Humanos de los jubilados bancarios.
Los jubilados bancarios aportaron inconstitucionalmente obligados por la ley 2856/06, desde el 2002,(por 10 años) un total de Gs.270.000.000.000.- (DOSCIENTOS SETENTA MIL MILLONES DE GUARANIES), fueron despojados ilegalmente de ese monto necesario para su subsistencia, y de mantener a su familia, pagar los estudios de sus hijos, mucho perdieron su casa, y muchos perdieron la vida, por falta de dinero para pagar medicamentos, y fue la causa de muerte de más de 500 jubilados.
Algunos congresistas y ciudadanos ¿Por qué es tan malo que los jubilados quieran recuperar del estado los que el estado les obligo por una ley inconstitucional dejar de percibir su jubilación hasta en algunos casos de 58 % de sus haberes? Es constitucional y un acto de justicia el pedido de los jubilados, es para resarcir a los jubilados el préstamo que le hicieron al estado en forma arbitraria, en un momento en que el estado debió de socorrer a los jubilados bancarios.
Luego el Congreso Nacional sancionó una LEY DE CAPITALIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, obligándole al Ministerio de Hacienda, la Capitalización de la Banca Matriz. Gracias a esta Ley, se llegó a un acuerdo del BCP con el Ministerio de Hacienda, para finiquitar la Capitalización de la primera Entidad Bancaria del país, por un monto de cerca de 700 millones de dólares, estamos hablando de un monto cercano al 6,25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es un monto enorme.
Esta Capitalización es parte que el Banco Central del Paraguay, en su momento obligado por la Ley de Salvataje, pagó para´´ socorrer¨(entre comillas), a más de treintenas de bancos y más de 40 financieras, y a miles de ahorristas en blanco y negro.( 23 bancos y 40 financieras , los Sicarios Económicos llevaron a la quiebra).
El Congreso, en su momento para paliar una parte (50% para la devolución de los reaportes, el M.H está devolviendo a cuotitas) aprobaron la ley de capitalización de la caja bancaria con fondos del tesoro, cumpliendo su rol constitucional y corrigiendo, una Ley Inconstitucional que les obligaba a los jubilados a re aportar de sus haberes a la caja bancaria.
La devolución del 50 % de los aportes- injusto y arbitrario- que tuvieron que hacer los jubilados para salvar a la caja bancaria, los 27 millones de dólares. – que se debe presupuestar en diez años (27 millones dividido por diez años es igual a 2,7) es lo que deber ser devuelto a los jubilados a cuota…
La caja bancaria está entrando en franco proceso de envejecimiento, que más del 70 % de los jubilados tienen más de 70 años. Cumplir 70 años significa ingresar a la etapa de la tercera edad del adulto mayor; uno de los periodos con más cambios en lo biológico, psicológico, personal y familiar para una persona.
Estos jubilados bancarios enfrentan serios obstáculos para acceder al seguro privado de salud, porque a partir de los 60 años los seguros de salud ponen obstáculos de toda laya. La mayoría de los jubilados bancarios viven al amparo de una seudo protección familiar que muchas veces no existe. Actualmente la familia no siempre se hace cargo de los ancianos. Encuentran el momento para justificar la no atención.
Gracias a la buena administración de la Caja Bancaria, los Directivos, presentaron un proyecto de ley, al Congreso Nacional para la modificación de la ley de la caja bancaria. Esta modificación permitirá adecuar la ley a los fallos de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la ley 2856/06.
La propuesta: Con fondos propios de la institución de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Caja el Consejo de Administración dispondrá la devolución del 50% de los reaportes extraordinarios efectuados por los jubilados y pensionados desde enero del año 2002, por imposición de una Ley inconstitucional N 2856/06 (permitirá adecuar la ley a los fallos de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la ley 2856/06).
Los jubilados bancarios aportaron in constitucionalmente obligados por la ley 2856/06, desde el 2002, (Por más de 10 años) un total de Gs.270.000.000.000.- (DOSCIENTOS SETENTA MIL MILLONES DE GUARANIES), fueron despojados ilegalmente de ese monto necesario para su subsistencia, y de mantener a su familia, pagar los estudios de sus hijos, mucho perdieron su casa, y muchos perdieron la vida, por falta de dinero para pagar medicamentos, y fue la causa de muerte de más de 500 jubilados.
El Congreso Nacional debe tomar una decisión que es constitucional que se devuelva a los jubilados obligados por una ley inhumana al sacrificio de reaportar de sus haberes, para que se salvara una persona jurídica. Antes que estos señores y señoras de la tercera edad pasen a mejor vida que nuestros congresistas estén a la altura de las circunstancias, y cumplan con su rol constitucional poniendo las cosas en su lugar y aprobando la devolución de aportes para los jubilados bancarios con fondos propios de la institución
LOS SICARIOS ECONOMICOS ESTAN AL EACECHO DE:Los fondos jubilatorios en la mira de los políticos
Los fondos jubilatorios son un manjar muy apetecible para los políticos, así que no debe sorprender que el Poder Ejecutivo haya vuelto a presentar un proyecto de ley por el que se crea una Superintendencia, dependiente del Banco Central, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y auditar las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, en sus aspectos administrativos, actuariales y financieros. Ya lo había presentado en términos similares en 2015, pero tuvo que retirarlo ante la fuerte resistencia de los gremios de empresarios y de los sindicatos, es decir, de los verdaderos y únicos dueños de los fondos en cuestión. Es indiscutible la necesidad de que el Estado regule las operaciones de esas entidades, tal como lo hace, por ejemplo, con las compañías de seguros y las entidades del sistema financiero, pues de la fiscalización de las operaciones o de la corrección de sus eventuales anormalidades depende el futuro de quienes durante décadas aportaron para tener una vejez digna. Lo peligroso es que algunos políticos aprovechen la ocasión para crear un mecanismo que les permita dar un tarascón al ahorro de los cotizantes. Ese sueño está siempre latente.
Los fondos jubilatorios son un manjar muy apetecible para los políticos, así que no debe sorprender que el Poder Ejecutivo haya vuelto a presentar un proyecto de ley por el que se crea una Superintendencia, dependiente del Banco Central, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y auditar las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, en sus aspectos administrativos, actuariales y financieros. Ya lo había presentado en términos similares en 2015, pero tuvo que retirarlo ante la fuerte resistencia de los gremios de empresarios y de los sindicatos, es decir, de los verdaderos y únicos dueños de los fondos en cuestión.
Es indiscutible la necesidad de que el Estado regule las operaciones de esas entidades, tal como lo hace, por ejemplo, con las compañías de seguros y las entidades del sistema financiero, pues de la fiscalización de las operaciones o de la corrección de sus eventuales anormalidades depende el futuro de quienes durante décadas han aportado para tener una vejez digna. Lo peligroso es que algunos políticos aprovechen la ocasión para crear un mecanismo que les permita luego cumplir el sueño de dar un tarascón al ahorro de los cotizantes. Ese sueño está siempre latente.
El sector privado no cuestiona la regulación, sino la composición que tendría el Consejo Asesor de la Superintendencia. En efecto, estaría integrado solo por tres políticos o designados por los políticos: el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, de modo que en él, inexplicablemente, no estarían representados justamente ni los empleadores, ni los trabajadores ni los jubilados. Precisamente, por esta y otras razones, en esta semana que termina tres importantes entidades del sector privado, la Feprinco, la UIP y Cerneco, instaron al Congreso a rechazar el mencionado proyecto de ley.
Con justa razón, se teme que el reiterado instrumento en estudio, más allá del saludable propósito declarado de regular las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, esté ocultando el alarmante propósito de que cualquier Gobierno pueda apropiarse discrecionalmente del dinero de los aportantes para financiar obras de infraestructura o cualquier otro objetivo “social”, sin garantía alguna de la devolución de los fondos, como lamentablemente ya ha ocurrido en el pasado.
Alimenta esta sospecha el encuentro celebrado en Mburuvicha Róga, en agosto de 2016, entre el presidente Horacio Cartes; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona; el titular del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos; y el del IPS, Benigno López. En dicha ocasión, se habría hablado de una “ingeniería financiera” para, sin más ni más, echar mano a los 1.666 millones de dólares que el IPS tiene distribuidos en el sistema financiero (90%) y en préstamos a los jubilados (9,7%). Según afirmó en la ocasión el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, el Gobierno pretendía que el IPS compre bonos del Estado a largo plazo, sin suficientes garantías de devolución. Ante esa amenaza, hay que considerar que el Estado es un pésimo pagador. De hecho, adeuda al IPS unos 300 millones de dólares porque, desde que se fundó, en 1943, nunca efectuó los aportes que manda la ley para precautelar esos fondos e impedir que el ente vuelva a sufrir las graves pérdidas causadas en las dos últimas décadas por los préstamos regalados a empresas privadas y por varios fraudes bancarios, entre los que destaca el que afectó al Banco Nacional de Trabajadores.
Es muy comprensible, por lo tanto, que los empleadores, los trabajadores y los jubilados se opongan a la figura de un todopoderoso superintendente, que de hecho los excluya por completo de la fiscalización del uso de los fondos previsionales, tal como pretende el Poder Ejecutivo. Es cierto que ellos seguirán siendo gestionados por las entidades privadas, pero también podría ocurrir que la Superintendencia a ser creada acceda a los fondos mediante la intervención de las entidades administradoras, si ocurriera uno de los tantos “eventos irregulares relevantes” que se mencionan en el art. 24 del proyecto de ley, cuya larga enumeración concluye con una especie de largo etcétera: “cualquier hecho u acto no mencionado precedentemente que represente un riesgo actual o inminente para la seguridad de los fondos de jubilaciones y pensiones”. Esta vaga redacción le otorga a la Superintendencia una gran discrecionalidad para determinar los presuntos riesgos, lo que abriría las puertas a un ejercicio abusivo de esa facultad.
La entidad reguladora podría recurrir, incluso, a un vulgar chantaje para echar mano a los fondos, sin realizar una intervención de las entidades previsionales, pues el art. 13 del proyecto de ley establece que ese “órgano técnico especializado” tendrá nada menos que el poder de revocar, “de acuerdo a la presente ley”, la autorización de las operaciones de toda entidad de naturaleza privada. De nuevo se plantea aquí la cuestión de la buena o de la mala fe de quienes dirijan un organismo estatal, considerando además que el Poder Judicial no garantiza el imperio de la ley cuando el poder político está interesado en quebrantarla.
Por lo tanto, hacen bien los empresarios, los trabajadores y los directivos de cajas de jubilaciones en manifestar su profunda inquietud ante el riesgo cierto de que los ahorros de toda una vida desaparezcan en las alcantarillas de la politiquería criolla, en la medida en que sus representantes sean excluidos del organismo regulador. La razonable propuesta alternativa, elaborada en su momento por técnicos de las organizaciones gremiales afectadas, contemplaba un Consejo de Seguridad Social, integrado por cuatro representantes del sector público y otros tantos del privado. Dado que existe otra iniciativa, que también plantea concentrar el control sobre los fondos, se propone ahora que una comisión conformada por legisladores y representantes de los afectados elabore un tercer proyecto de ley.
Lo que importa es que ningún Gobierno pueda echar mano a un dinero que no le pertenece, para lo cual es preciso que en la Superintendencia a crearse haya paridad de voz y de voto entre los representantes del Estado y los de los dueños de los fondos.